Cuando se trata de asesoramiento jurídico a sociedades mercantiles, éstas se enfrentan a retos únicos. Son creadas con ánimo de lucro y del buen funcionamiento de las mismas depende su éxito empresarial. Por ejemplo, a menudo tienen que preocuparse de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, los contratos con terceros, el cumplimiento de la normativa vigente desde las distintas vertientes de nuestro ordenamiento.
Al mismo tiempo, también tienen que evitar costes excesivos en tratamientos jurídicos de curación e invertir más en tratamientos preventivos. Los tratamientos paliativos ya no suelen funcionar salvo la aparición de fondos externos o terceros que estén dispuestos a reflotar o arriesgar. Por ello, es importante que las sociedades mercantiles encuentren un proveedor de servicios jurídicos que comprenda sus necesidades y pueda ofrecerles un asesoramiento eficaz, asequible y continuado. Al buscar un proveedor de servicios jurídicos, las empresas deben hacer preguntas sobre sus áreas de especialización, experiencia y trayectoria. También deben informarse sobre los tipos de servicios ofrecidos y su coste. Para eso usamos las hojas de encargo en la que se describen todos los servicios que presta el despacho y, si el administrador u órgano de administración, actúan con la diligencia debida, las empresas pueden encontrar un proveedor de servicios jurídicos que satisfaga sus necesidades y su presupuesto siguiendo las instrucciones del asesor.
En nuestro sistema cualquier persona física o jurídica puede ser administradora de una sociedad, pero el sistema olvida que, a veces, en la mayoría de los casos, la falta de formación, información y asesoramiento convierte a estos administradores en responsables personales de las deudas de la sociedad y, lo que es peor llevan a la sociedad a situaciones tales como las de disolución y liquidación o, lo que es peor, concurso de acreedores.